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Jorge Ríos
Abogado
A seis años del rompimiento diplomático de Panamá con Taiwán y su inmediata relación con China, nos preguntamos que buscaba el Gabinete de la administración pasada con semejante giro de timón en la diplomacia panameña, conociendo perfectamente que el principal socio comercial y usuario de la Vía Interoceánica es precisamente los Estados Unidos, quien reconoce a Taiwán como una nación libre y soberana, situación que incomoda al gigante asiático.
Conocedores de la diplomacia panameña aseguran que fue una decisión apresurada de la administración 2014-2019 la unión con el gigante asiático y que hoy en día vemos con cierto grado de incertidumbre la operatividad y administración del principal recurso de Panamá, debido a la competencia que se cierne sobre la franja canalera por la construcción del corredor del Istmo en Tehuantepec, México pero de eso hablaremos en otro artículo.
SUENAN LAS ALARMAS
Solo hace unas semanas el exsecretario de metas y ministro de la presidencia, Jorge González, mencionado como el eje principal en el rompimiento de las relaciones diplomáticas de Panamá con Taiwán y la unión inmediata con China, aseguró que el ministro del Canal Aristides Royo le pidió la renuncia del cargo como directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y que si no lo hacía el presidente Laurentino Cortizo lo sacaría.
¿Qué imagen les estamos vendiendo a los usuarios del Canal? Royo sostuvo que la solicitud de renuncia a González obedecía a la mala imagen al Canal, también por sus acercamientos con empresas del gobierno chino acreditadas en Panamá y por las investigaciones en su contra de carácter civil y penal que presenta. Otra información que corrió como pólvora y que los medios replicaron fue que en marzo de este año el funcionario había sido regresado de Estados Unidos, específicamente de la terminal aérea de Miami, Florida.
Pongamos en contexto todo lo que esto repercute para una nación cuya vía Interoceánica aporta al Producto Interno Bruto (PIB) un aproximado anual de 6% y en ingreso al Gobierno un 20%, sólo en el 2022 aportó a las arcas del Estado $ 2.494,4 millones en concepto de los excedentes, derechos por toneladas de tránsito y el pago por servicios prestados al Estado. Si esta es nuestra “gallina de los huevos de oro”, porqué los llamados a gobernar y elegidos para administrar la “Cosa Pública” lo hacen a espaldas de toda una nación y manejan nuestros recursos como si fueran de su propiedad.
Lo que está sucediendo en la ACP deja muy mal parado a Panamá, ya que lo acontecido entre Royo y González, porque según este último, no es la primera vez que le piden la renuncia, aunado a lo que dijo en una entrevista concedida a la Estrella de Panamá donde aseguraba que durante 2020 y 2021 asesoró a empresas chinas instaladas en Panamá en materia de tramitología gubernamental y en cómo participar en licitaciones, pero no así en tópicos vinculados al Canal.
Demasiadas interrogantes y pocas respuestas, el primer mandatario Cortizo en el 2019 paró la construcción del Cuarto Puente, obra que recae en una empresa China (CHEC) cuestionada por estar involucrada en actos de corrupción en varios países. De hecho se menciona a González con el consorcio, que pese los escándalos se le otorgó un primer pago de 67 millones 921.000 dólares para iniciar la construcción de la megaobra.
En el 2023 el titular del Ministerio de Obras Públicas Rafael Sabonge y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) suscribieron la adenda al contrato original para el reinicio del proyecto por un valor de $1.372,1 millones, el cual recaerá en la próxima administración gubernamental, semejante irresponsabilidad según los entendidos en la materia.
Ante los acontecimientos que a diario debe enfrentar la ACP, entre ellos la concesión a Panama Ports Company cuestionada por el secretismo del gobierno principalmente por la Contraloría General de la República quien no rinde cuenta, lo que a juicio de Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino deja mucho que decir de una institución que debe velar por los intereses del país. Otros reconocidos juristas como Jaime Abad y Francisco Carreira también han señalado a la empresa de capital chino por su desempeño poco transparente dentro del territorio nacional.
No es la primera vez que altos funcionarios panameños son señalados por sus nexos con empresas multinacionales que se hacen merecedores de millonarios contratos para realizar obras de interés social a pesar de no gozar de una buena reputación en otros países, sin embargo se ha hecho una costumbre de los gobiernos de turno no rindan cuentas de su gestión.
Panamá y sus autoridades deben velar por que la presencia del Estado chino a través de sus empresas que desarrollan obras, como el Cuarto Puente, terminal de puertos y demás, sea vista con cautela y que no comprometan al país en ser cómplice de la expansión del gigante asiático, que busca enquistarse en el hemisferio para desarrollar sus conquista en favor de sus intereses y en contra de sus adversarios, para desarrollar su estrategia mundial de la Franja y la Ruta de La Seda.
